Crisis de mortalidad, salud pública e historia económica

En España como en otros países, los problemas de salud pública son un tema importante en la agenda de la historia económica. Este texto ofrece una ventana a algunos de los artículos publicados sobre el tema en nuestras revistas. Surge a raíz de una iniciativa del Consejo de la AEHE coordinada por FERNANDO COLLANTES (Universidad de Zaragoza) y basada en las aportaciones realizadas por los editores actuales de Historia Agraria, Investigaciones de Historia Económica y Revista de Historia Económica: JOSÉ MIGUEL LANA (Universidad Pública de Navarra), JERÒNIA PONS (Universidad de Sevilla) y BLANCA SÁNCHEZ-ALONSO (Universidad San Pablo-CEU), respectivamente. Más que una recopilación exhaustiva, hemos buscado reseñar de manera breve algunos de aquellos artículos que, habiendo sido publicados en nuestras revistas, pueden posicionarse en el marco de la actual crisis sanitaria que vive el país. Pronto será necesaria, de todos modos, una actualización de esta recopilación, dado que, en el momento de escribir estas líneas (mayo de 2020), la revista Investigaciones de Historia Económica tiene abierta una convocatoria para confeccionar un número especial sobre las pandemias en la historia.

LAS CRISIS DE MORTALIDAD

La vida de la España preindustrial se veía con frecuencia sacudida por “crisis de mortalidad”. Con esta expresión los especialistas hacen referencia a alzas bruscas y súbitas de las defunciones en un determinado territorio. El punto de partida en el estudio de estas crisis es el libro Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX), publicado por Vicente Pérez Moreda en 1980. Pérez Moreda muestra en él la frecuencia y gravedad de los episodios de mortalidad catastrófica en las regiones interiores del país. En un artículo publicado algunos años después (“Hambre, mortalidad y crecimiento demográfico en las poblaciones de la Europa preindustrial”, Revista de Historia Económica), Pérez Moreda discute las causas de las crisis de mortalidad, otorgando un papel central a las epidemias y a los factores que favorecían su propagación. Frente a la visión tradicional, que ponía el énfasis en las malas cosechas y los problemas agrarios como causas originarias de la mortalidad catastrófica, Pérez Moreda apunta a unos ciclos epidémicos que serían en gran medida autónomos.

Estas conclusiones han sido en gran medida validadas y desarrolladas por investigaciones más recientes, como el artículo “Alimentación, carestías y crisis de mortalidad en la España cantábrica (1680-1860)”, de Elena Catalán y Ramón Lanza (Historia Agraria). Basándose en series de largo plazo de la evolución de las defunciones y los precios agrarios, Catalán y Lanza se centran en un espacio menos estudiado y con ciertas peculiaridades con respecto a las regiones interiores: la España cantábrica. Nos ofrecen una visión de las crisis de mortalidad como episodios recurrentes: cada diez años aproximadamente tuvo lugar una crisis. Estas distintas crisis eran desencadenadas por unos ciclos epidémicos relativamente autónomos que, sin embargo, alcanzaban una mayor o menor magnitud en función de las circunstancias socio-económicas del momento. Así, las mayores crisis coincidieron con periodos de problemas agrarios, guerras e interrupciones del comercio, que, al debilitar el estado nutritivo de las poblaciones, favorecieron una agudización de los efectos de las epidemias.

Un aspecto interesante de las crisis de mortalidad de la España preindustrial es el hecho de que estuvieron bien presentes a lo largo de toda la Edad Moderna. En su análisis de la mortalidad en Ávila y Guadalajara en los siglos XVIII y XIX, Enrique Llopis, José Ubaldo Bernardos y Ángel Luis Velasco (“¿Pasó de largo por la España interior la primera fase de la transición demográfica? La mortalidad en Ávila y Guadalajara, 1700-1895”, Investigaciones de Historia Económica) encuentran que en la España interior comenzó a producirse un cierto declive de la mortalidad ya entre aproximadamente 1750 y 1850, pero advierten que dicho declive vino causado por la mortalidad ordinaria en mayor medida que por la mortalidad catastrófica. También Vanesa Abarca, en su estudio sobre la mortalidad en la provincia de Burgos (“Mortalidad y crecimiento vegetativo en la provincia de Burgos, 1650-1865”, Investigaciones de Historia Económica) encuentra recurrentes crisis de mortalidad, especialmente a finales del siglo XVII y a comienzos del XIX.

El gravísimo episodio de mortalidad catastrófica registrado en las dos Castillas entre 1803 y 1805 ha sido estudiado en detalle por Enrique Llopis y Felipa Sánchez (“The crisis of 1803-1805 in the two Castiles: foodstuff, mortality and institutional collapse”, Revista de Historia Económica). Nos retratan una doble crisis, epidémica y cerealista, que pudo llevarse la vida de casi el 10 por ciento de la población. La Corona reaccionó de manera activa y hasta innovadora, con diversas medidas encaminadas a promocionar la salud pública y, sobre todo, a estabilizar el mercado cerealista, perturbado por malas cosechas, fuertes alzas de precios y problemas de funcionamiento de instituciones locales como los pósitos. Pero estas medidas, lastradas por la falta de recursos administrativos y financieros así como por las tensiones sociales y territoriales que condicionaron su aplicación, fueron poco eficaces. Esta falta de efectividad de la acción política a la hora de afrontar un problema social grave habría minado la legitimidad del Antiguo Régimen, marcando una especie de prólogo a lo que sería su descomposición a lo largo de años posteriores.

Durante el siglo XIX, sobre todo a partir del final de la Guerra de Independencia en 1814, las crisis de mortalidad fueron volviéndose algo menos frecuentes y algo menos graves, pero no desaparecieron. Jordi Maluquer de Motes, en su artículo “Movimiento natural y saldos migratorios de la población de España (1880-2018)” (Investigaciones de Historia Económica) ofrece una detallada estimación de la evolución anual de la población española y sus fuentes de cambio (nacimientos, defunciones, movimientos migratorios). En ella podemos apreciar el grave impacto que todavía tuvieron episodios aislados de mortalidad catastrófica durante el periodo contemporáneo. La epidemia de cólera de 1885, por ejemplo, hizo que la tasa de mortalidad del país ascendiera hasta el 38 por mil, frente al 29-30 por mil de los años precedente y posterior. La gripe de 1918, por su parte, provocó un pico de mortalidad catastrófica aún más llamativo: si la tasa de mortalidad de los años previo y posterior fue del 22 por mil, en el año de 1918 ascendió hasta nada menos que casi el 33 por mil. Desde el punto de vista estrictamente demográfico, estas fueron crisis notablemente más graves que la provocada por la Guerra Civil, que habría llevado la tasa de mortalidad dos o tres puntos por encima de su nivel en 1935 y 1940. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en el presente año se perfila como un trágico recordatorio de que también en la era contemporánea pueden desatarse episodios de mortalidad catastrófica, si bien en este caso, en el momento de escribir estas líneas, su magnitud cuantitativa no parece comparable a la de, por ejemplo, la gripe de 1918.

MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y SALUD PÚBLICA

La industrialización y el crecimiento económico moderno no indujeron en un primer momento una gran mejora de las condiciones de salud pública en España. De hecho, es probable que, en las principales ciudades del país, dichas condiciones se deterioraran durante la segunda mitad del siglo XIX, conforme un volumen cada vez mayor de población pasaba a residir en ellas. Las investigaciones de José Joaquín García Gómez (“El nivel de vida de los trabajadores de Alcoy: salarios, nutrición y reforma sanitaria, 1836-1913”, Investigaciones de Historia Económica; y “’Urban penalty’ en España: el caso de Alcoy (1857-1930)”, Revista de Historia Industrial) estudian esto a fondo para el caso de la localidad alicantina de Alcoy durante el siglo XIX y la primera parte del XX, señalando al escaso gasto público en sanidad como determinante crucial de los problemas de salud pública a que estaban expuestos los habitantes de las primeras ciudades industriales españolas. Conforme, a partir de finales del siglo XIX, el gasto público en sanidad comenzó a aumentar, se abrió un largo ciclo de mejora en las condiciones de salud de la población alcoyana. La historia de Alcoy es en este sentido bastante representativa de lo que ocurrió en otras ciudades españolas.

Las tendencias del gasto público en sanidad deben ponerse en el contexto del conjunto de la Hacienda Pública del país. El artículo “La relación a largo plazo entre crecimiento económico y gasto público en España (1850-2000)” (Investigaciones de Historia Económica), de Daniel Díaz Fuentes y Julio Revuelta, utiliza métodos econométricos para clarificar la relación entre diferentes tipos de gasto público y el crecimiento económico. Sus resultados sugieren que, durante un largo periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y el final de la dictadura franquista, el ritmo del crecimiento económico condicionaba las posibilidades de expansión del gasto público total y, entre los diferentes componentes de este, también el del gasto público en sanidad. En su artículo “El ‘dividendo de la paz’: defensa, economía y gasto social en la España de la segunda mitad del siglo XX” (Investigaciones de Historia Económica), José Jurado analiza la competencia entre diferentes tipos de gasto público durante la segunda mitad del siglo XX. Para Jurado, la reducción del gasto militar contribuyó a hacer más factible el gran aumento registrado en los gastos sociales, entre ellos el gasto en sanidad. Este último aumento habría sido particularmente notable tras el final de la dictadura franquista, en el marco de la transición hacia un sistema democrático en el que los votantes tendían a preferir los gastos sociales a los gastos militares.

De ambos artículos se extrae la sensación de que, durante las primeras etapas de la industrialización y hasta entrado el siglo XX, era difícil que un país como España, relativamente atrasado en lo económico y con una trayectoria marcada por diversos conflictos bélicos, registrara un aumento verdaderamente destacable del peso del gasto público en sanidad dentro de la demanda agregada.

Con todo, el problema con el gasto público en sanidad pudo ser no solo de cantidad, sino también de calidad. En su artículo “Entrepreneurship and management in the therapeutic revolution: the modernization of laboratories and hospitals in Barcelona, 1880-1960” (Investigaciones de Historia Económica), Paloma Fernández y Ferran Sabaté estudian la llegada a Barcelona de la “revolución terapéutica” que, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, contribuyó a mejorar sustancialmente la salud de la población. Nos muestran una red de médicos, instituciones y empresas que introdujeron innovaciones tecnológicas como el diagnóstico de enfermedades infecciosas mediante microscopio y análisis clínico, los productos anestésicos, nuevas prácticas quirúrgicas o el uso de rayos X para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También nos muestran, sin embargo, un contraste entre los grandes hospitales semi-públicos y las pequeñas clínicas de propiedad privada. Mientras que estas, gestionadas por empresarios-científicos, se situaron en la vanguardia del cambio tecnológico en el sector, aquellos, en manos de gestores menos cualificados, tuvieron un balance mucho más pobre. Para Fernández y Sabaté, la principal razón por la que las condiciones de salud de los grupos menos pudientes de la sociedad barcelonesa no mejoraron en mayor medida no fue el bajo nivel de gasto público en sanidad, sino la poca eficiencia con que fueron gestionados los hospitales públicos.

LAS OTRAS “EPIDEMIAS”

Las epidemias que provocaban crisis de mortalidad no han sido, por desgracia, los únicos agentes biológicos que han inducido crisis económicas de gran magnitud. En particular en el sector agrario, una de las principales bases de la economía española hasta bien entrado el siglo XX, plagas como la filoxera de finales del siglo XIX provocaron graves crisis económicas locales. Si hay una industria en la que una plaga marca un antes y un después, ésta es la vitivinicultura y su transformación tras la llegada de la filoxera. La historia agraria ha dedicado a ello una considerable atención. Josep Colomé y Francesc Valls ofrecen un análisis de las consecuencias demográficas que la devastación causada por el insecto tuvo en Cataluña (“Las consecuencias demográficas de la crisis filoxérica en la región vitícola del Penedés, Cataluña”, Historia Agraria). Haciendo uso de los datos del registro civil en 25 municipios del Penedés y de los padrones utilizados para los censos de población de 1897 y 1900 en nueve municipios, los autores atestiguan la interrupción de la dinámica demográfica expansiva del siglo XIX, con la intensificación de los movimientos migratorios y un descenso de la natalidad con el que se inicia la última etapa de la transición demográfica.

También con la vista puesta en la crisis filoxérica, pero en el otro extremo de la península, Enrique Montañés pone el acento sobre las respuestas empresariales a la crisis en la industria exportadora del jerez (“La industria vinícola del Jerez y la replantación del viñedo, 1894-1914: una aportación de historia empresarial”, Historia Agraria). Utilizando fuentes documentales de las propias empresas, Montañés confirma el elevado coste de la replantación del viñedo, cubierta en parte gracias al aumento de los precios del mosto ocasionado por la reducción de las existencias en las bodegas, y los cambios en la estructura de la propiedad en favor de los viticultores con recursos financieros. La elevación de los costes de producción y la caída de la demanda movilizaron a los pequeños productores para solicitar al Estado su intervención por medio de la creación de una marca colectiva, pero su concreción se vio bloqueada hasta 1933 por el decisivo protagonismo de las grandes empresas exportadoras con estructuras integradas.

La historia de estas otras crisis “epidémicas” también sugiere, al igual que la de las crisis de mortalidad, que la intervención pública es clave para reaccionar ante sus consecuencias, en un primer momento, y prevenir su repetición, más adelante. Inés Gomes, Ana Isabel Queiroz y Daniel Alves estudian en su artículo “Iberians against locusts: fighting cross-border bio-invaders(1898-1947)” (Historia Agraria) la recurrencia y distribución de las plagas de langosta en la Península Ibérica durante la primera mitad del siglo XX. La respuesta de los gobiernos, a través de medidas legislativas de similar inspiración (1879 en España, 1902 en Portugal), la organización de servicios técnicos y la implicación de los distintos niveles de la administración, adoptó una estrategia reactiva hasta la década de 1940, cambiando en esos años hacia medidas de carácter preventivo. El artículo repasa también las diferencias en el enfoque entre ambos países e invita a sacar enseñanzas de la historia ambiental ante una amenaza que, aunque dormida, sigue constituyendo un riesgo.